Filed under: Política
Ya van más de noventa días del conflicto en Oaxaca y simplemente no parece haber solución. El problema que surgió aparentemente de las exigencias salariales de una sección del Sindicato de Maestros (SNTE) se ha extendido hasta convertirse en una masa informe de agrupaciones “rebeldes” que no parecen tener un origen claro, un liderazgo bien establecido, ni tampoco una meta u objetivo alcanzable. La primera y única exigencia clara de este movimiento liderado por un grupo denominado APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) es la salida del Gobernador Constitucional del Estado, el priista Ulises Ruiz.
Hasta el día de hoy, el gobierno federal y los demás actores involucrados en el tema han dicho y vuelto a decir que la caída del Gobernador no está en la mesa de negociación, y mientras tanto, estos grupos rebeldes mantienen tomada la ciudad de Oaxaca y se sabe de buenas fuentes que han cobrado cuotas de protección a la ciudadanía así como otro tipo de afectaciones e intimidaciones.
Entonces, la pregunta que cualquier buen ciudadano que trabaja, cumple normas y aporta impuestos sería: ¿en dónde está la fuerza del gobierno para reestablecer la paz y la seguridad ciudadanas?
Con todo el resentimiento, en gran parte justificado, que existe hacia el gobierno en todos sus niveles, surgen muchas voces públicas y privadas, así como en los medios de comunicación, que insisten en que el uso de la fuerza pública no es la solución al conflicto. Incluso existen algunas voces que sostienen que la caida del Gobernador Ruiz debe ser el comienzo de las negociaciones.
El Gobernador tiene un historial bastante negro en el estado, por lo que su caída probablemente no solo no afectaría a nadie, sino talvez sería benéfica. Sin embargo, el problema de la caída de Ulises Ruiz no es en si misma la caida, sino la forma en que caiga. Si se sienta el precedente de que un puñado de agrupaciones “rebeldes”, con orígenes medio turbios y auspiciadas por “quien sabe quien”, pueden tumbar a un gobernador constitucionalmente elegido, entonces el día de mañana cualquier agrupación con el patrocinio adecuado puede causar cualquier tipo de revolución hasta alcanzar sus objetivos, sean estos por dentro o por fuera del marco legal.
La incapacidad e ineficiencia de los gobiernos estatal y federal ha sido patente. En vez de contener el conflicto en sus inicios, nadie ha querido tomar la responsabilidad política de las acciones necesarias y lo han dejado crecer y crecer. Ahora es un movimiento del cual no se encuentran liderazgos claros y que se alimenta cada día de la polarización y resentimiento político existentes. Si esto sigue andando así, dificilmente va ha haber una salida al problema que no lleve a un baño de sangre, lo cual talvez provocaría una sensación temporal de órden y gobernabilidad, pero aumentaría gravemente el encono y polarización social, lo cual a mediano y largo plazo es peligrosísimo.
Ya a estas alturas, la simple caida del Gobernador no sería ni siquiera el inicio de la solución y talvez solo daría fuerza al conflicto al “legitimarlo” demostrando que sus metas son válidas y alcanzables, con lo que seguramente se fijarían objetivos más altos e importantes para conseguir una posición de poder para la APPO o talvez generar una revolución en gran escala.
Talvez es hora de preguntarse, ¿para que sirve la fuerza pública si no puede usarse inteligentemente para mantener la paz y seguridad ciudadana?
El precedente ya está siendo sentado: cuando un ciudadano común y corriente es sorprendido cometiendo alguna falta menor, es arrestado así se requieran jalones, golpes o empujones, o en el mejor de los casos es extorsionado por las autoridades; sin embargo, cuando una agrupación política se escuda bajo el manto de la libertad de expresión y de la supuesta “defensa del pueblo”, ésta puede cometer toda clase de faltas de menor y mayor grado, porque si alguien trata de reestablecer la paz y el órden en seguida surgen voces que acusan represión.
Esto no quiere decir que el gobierno pueda ni deba utilizar la fuerza indiscriminadamente, lo cual sin duda degeneraría en una molestia, esta si generalizada en la población, que podría traer consigo un levantamiento o revolución. Lo que se debe considerar es que no todas las veces en que el gobierno implementa el uso de la fuerza pública para disuadir un movimiento, se trata de represión. Cuando un movimiento no tiene una representatividad generalizada y sus acciones provocan una afectación a terceros, la función del gobierno es disuadir dichas acciones, preferentemente por medio de la negociación política, pero si esta no es eficaz, o simplemente no evoluciona a ninguna parte, el gobierno tiene la responsabilidad de cuidar los derechos de terceros por todos los medios que tiene disponibles.
Simplemente no puede permitirse que este tipo de movimientos se propage y afecte a quienes menos deben. La población civil en general no quiere conflictos y teme por su bien y el de sus seres queridos. La población civil en general quiere oportunidades para ganarse la vida honestamente y es dificil pensar que estos movimientos sean los portadores de las soluciones, siendo que sus primeras acciones generan afectación a los más débiles, a través de la inseguridad y el daño a la economía y fuentes de empleo así como todo tipo de infortunios que provocan los bloqueos y movilizaciones que muchas veces rayan en lo vandálico.
El gobierno tiene que tomar ya su responsabilidad en conjunto (federal, estatal, local, y congresos) ya que la negociación no está prosperando ni muestra indicios de que vaya a progresar y aún es posible que se genere una acción quirúrgica para reestablecer el órden y la paz, y así poder volver a las negociaciones publicamente con las partes involucradas y de una vez por todas dar marcha al trabajo gubernamental para resolver los mayores problemas que enfrenta no solo Oaxaca sino el país.
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